Desde antes incluso que se considerara al COVID-19 una pandemia y se decretara el Estado de Alarma, las farmacias vivimos en una situación de continuo desabastecimiento de aquellos artículos (mascarillas, guantes y soluciones hidroalcohólicas, fundamentalmente) considerados esenciales para la prevención del coronavirus.

Ya a finales de enero, en vista de la situación que estaba tomando la entonces epidemia en China, comenzaron las primeras faltas de mascarillas en nuestras farmacias, situación que se ha mantenido prácticamente hasta la fecha. Si por aquel entonces las farmacias podíamos recurrir a las habituales distribuidoras farmacéuticas, desde el establecimiento del Estado de Alarma es el Gobierno el que controla el suministro de este tipo de artículos en todo el país.

No obstante, al margen de la distribución oficial controlada por el Gobierno, bien es cierto que en este tiempo han aparecido nuevas empresas distribuidoras, ajenas por completo a la actividad farmacéutica, que han conseguido colocar en el mercado mascarillas a precios desorbitados. Pese a ello, a fin de satisfacer las continuas demandas y peticiones de nuestros usuarios y pacientes, son muchas las oficinas de farmacia las que han decidido finalmente dar cabida a estos artículos en sus establecimientos sanitarios.

El elevado coste en origen de estas mascarillas y el reflejo en su precio final, ciertamente fuera de lo común, ha generado muchas quejas entre nuestros usuarios, quienes han llegado incluso a arremeter contra las farmacias por ser las causantes del encarecimiento de estos productos de prevención.

Para la profesión farmacéutica, que es también víctima del alto precio de las mascarillas, las críticas recibidas suponen un duro golpe, más si cabe cuando fuimos los primeros en solicitar al Gobierno que estableciera un precio fijo para estos artículos (tras varias semanas esperando, ahora se prevé que al fin se adopte esta medida) y más aún cuando, desde el establecimiento del Estado de Alarma, hemos demostrado nuestra total y absoluta entrega desde nuestra posición como sanitarios a las necesidades que planteaba esta grave crisis de salud pública, incluso sin contar con las medidas de protección solicitadas a las administraciones públicas para desempeñar con seguridad nuestro trabajo y así evitar contagios, tanto entre nuestros equipos profesionales como a los usuarios de nuestras farmacias.

Por si fuera poco, a fin de demostrar el compromiso de la farmacia con sus pacientes y el total rechazo a las prácticas especulativas en torno a productos como las mascarillas, desde el conjunto de la profesión farmacéutica española hemos llegado incluso a ofrecernos al Gobierno para garantizar el acceso a toda la población a mascarillas, dispensando unidades gratuitas a través de la tarjeta sanitaria y a precio de costo.

De este modo, pretendemos demostrar que, ante todo, somos sanitarios y que, cuando más falta hace, estamos a disposición de las necesidades en salud pública de nuestra sociedad. Ese es nuestro compromiso.